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REGULACIÓN LABORAL VINCULADA A COVID-19 – 18/3/2020

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Inin Abogados está constituida por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en el ámbito jurídico y económico-financiero, con capacidad para abordar los complejos procesos de diagnóstico, reestructuración empresarial, tanto operativa como financiera y compra venta de unidades de negocio complejas.

18/3/2020 REGULACIÓN LABORAL VINCULADA A COVID-19

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

1.- AMBITO LABORAL (p. 2)

  • OBLIGACIÓN DE ASISTR A TRABAJAR (p. 2)

  • REDUCCIÓN JORNADA (p. 2)

  • ERTE POR FUERZA MAYOR COVID-19 (p. 2)

  • SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSA PRODUCTIVA, ORGANIZATIVA Y TÉCNICA (p. 3)

  • EXONERACIÓN DE CUOTAS (p. 3)

  • PRESTACIÓN POR DESEMPLEO (p. 4)

2.- ÁMBITO MERCANTIL, CONCURSAL Y REGISTRAL (p. 4)

  • GOBERNANZA DE PERSONAS JURÍDICAS (p. 4)
  • EFECTOS CONCURSALES. RETRASO EN EL PLAZO PARA SOLICITAR (p. 5)

  • EFECTOS REGISTRALES (p. 6)

  • COMPRAS (p. 6)

3.- ÁMBITO FINANCIERO (p. 6)

  • AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. INCREMENTO LÍMITE ENDEUDAMIENTO ICO (p. 6)

  • LÍNEA EXTRAORDINARIA DE COBERTURA ASEGURADORA (p. 6)

  • MEDIDAS DIRIGIDAS A EXPLOTACIONES AGRARIAS CON PRÉSTAMOS CONSECUENCIA DE LA SEQUÍA DE 2017 (p. 7)

  • MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL (p. 7)

4.- ÁMBITO TRIBUTARIO (p. 7)

  • PLAZOS DE PAGO DE DEUDAS LIQUIDADAS POR LA ADMINISTRACIÓN Y DE PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS EN APREMIO (p. 7)

  • EJECUCIÓN DE GARANTÍAS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO (p. 8)

  • PLAZOS PARA INTERPONER RECURSOS Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTATIVAS (p. 8)

  • PLAZOS CATASTRO (p. 8)

  • IMPUESTO SOBRE TRANSMITIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (p.8)

Inin abogados y economistas

Asturias-Valladolid

18 de marzo de 2020

1.- AMBITO LABORAL

OBLIGACIÓN DE ASISTR A TRABAJAR

Es muy importante recordar que los trabajadores de aquellos centros de producción o prestación de servicios cuyo cierre no trae consecuencia en la declaración de alerta deben acudir a su puesto de trabajo, si no hay causa justificada para su no asistencia. Pese a la derogación del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, la falta de asistencia injustificada es causa de despido disciplinario, conforme al artículo 54.1 de dicho cuerpo legal.

REDUCCIÓN JORNADA

El trabajador pro cuenta ajena que por causas del COVID 19 que no afecten directamente a su salud, no pueda mantener su jornada laboral, deberá solicitar la adaptación de la jornada (que le permite mantener el trabajo y su retribución) o reducciones de intensidad baja. Es un derecho de ejercicio individual.

Deben acreditarse deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja, familiares hasta segundo grado, tienen derecho a reducción de jornada, cuando concurran circunstancias extraordinarias relacionadas con la transmisión comunitaria del COVID 19. Se dan estas circunstancias cuando será imprescindible la presencia del trabajador para la atención de alguna de las personas indicadas.

Por otro lado, se configura también el derecho a una reducción de jornada en beneficio de la persona trabajadora al que se llama “reducción de jornada especial”, que participa de la naturaleza jurídica de la reducción de jornada establecida en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

La reducción de la jornada debe ser comunicada con 24 horas de antelación. Si llegare al 100% debe estar justificada y razonada.

ERTE POR FUERZA MAYOR COVID-19

1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

2. En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en el apartado 1, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

  1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

  2. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

  3. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

  4. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSA PRODUCTIVA, ORGANIZATIVA Y TÉCNICA

1.- En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

b) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.

c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.

EXONERACIÓN DE CUOTAS

1.- En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

2.- Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.

3. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Resumimos las siguientes medidas de protección a los trabajadores:

  1. Prórroga automática de las prestaciones por desempleo, nadie perderá sus derechos por no acudir a una oficina de empleo.

  2. El Estado pagará las prestaciones por desempleo de las trabajadoras y trabajadores afectados por ERTEs (aunque no tengan suficiente tiempo cotizado).

  3. El paro cobrado durante la crisis sanitaria no afectará a prestaciones futuras.

  4. Aprobación de beneficios específicos en materia de prestaciones por desempleo garantizando los derechos de trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y cooperativistas.

  5. Todas las personas que tengan a su cargo a familiares por el cierre de colegios y servicios sociales, contarán con facilidades para conciliar.

2.- ÁMBITO MERCANTIL, CONCURSAL Y REGISTRAL

GOBERNANZA DE PERSONAS JURÍDICAS

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma:

1.- Las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

2.- Los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano.

3.- El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

4.- En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

5.- La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.

6.- Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

7.- El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

8.- Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.

9.- El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

10.- En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.

11.- En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.

12. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

EFECTOS CONCURSALES. RETRASO EN EL PLAZO PARA SOLICITAR

1.- Vigente el estado de alarma el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, no admitiendo los jueces a trámite, hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o en dentro de esos dos meses, teniendo preferencia, la presentada por el deudor con carácter voluntario, dentro de los dos meses señalados, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

2.- Si el deudor se encuentra acogido a los beneficios del art. 5 bis, no tendrá el deber de solicitar concurso, mientras esté vigente el estado de alarma.

EFECTOS REGISTRALES

Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventiva, de las menciones, de las notas registrales y de cualquier otro asiente registral susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, reanudándose los plazos al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga en su caso.

COMPRAS

Se interrumpe el plazo para la devolución de productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial o bien on-line durante la vigencia del estado de alarma o sus posibles prórrogas, reanudándose los plazos en el momento que pierda vigencia el RD 463/2020 que decretó el estado de alarma o cualquiera de sus prórrogas.

3.- ÁMBITO FINANCIERO

AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. INCREMENTO LÍMITE ENDEUDAMIENTO ICO

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a:

  1. Financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos

  2. Empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.

  3. Importe máximo de 100.000 millones de euros.

  4. Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO (10.000 millones) con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.

  5. Se llevará a cabo a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación de las entidades financieras.

LÍNEA EXTRAORDINARIA DE COBERTURA ASEGURADORA

Línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros, con las siguientes características:

  1. Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación y no a situaciones previas a la crisis actual.

  2. Beneficiarios: las empresas españolas consideradas como Pequeñas y Medianas Empresas así como otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean entidades no cotizadas, en las que concurran las siguientes circunstancias:

  1. Que se trate de empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización,

  2. Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación resultado del impacto de la crisis del COVID 19 en su actividad económica.

MEDIDAS DIRIGIDAS A EXPLOTACIONES AGRARIAS CON PRÉSTAMOS CONSECUENCIA DE LA SEQUÍA DE 2017

Los prestatarios de créditos concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017, podrán acordar con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.

MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL

  1. Afecta a aquellos deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el RD, así como a los Fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

  2. Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, antes de reclamarles la deuda garantizada.

  3. El deudor deberá presentar la solicitud de moratoria al acreedor junto con la documentación de acreditación de las condiciones subjetivas establecidas en el RD

  4. La entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días.

  5. La entidad acreedora comunicará al Banco de España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo.

La solicitud moratoria conllevará:

  1. La suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma.

  2. La inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo.

Durante el periodo de vigencia de la moratoria:

  1. La entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje.

  2. No se devengarán intereses. No se permitirá la aplicación de interés moratorio por el período de vigencia de la moratoria.

4.- ÁMBITO TRIBUTARIO

PLAZOS DE PAGO DE DEUDAS LIQUIDADAS POR LA ADMINISTRACIÓN Y DE PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS EN APREMIO

  1. Estos plazos, que comienzan a computarse desde la fecha de la notificación, y que finalizan dependiendo de que aquella se haya realizado en la primera o segunda quincena del mes, si no han concluido el 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.

  2. Cuando estos plazos se comuniquen a partir del 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Se aplicarán estos mismos plazos a:

  1. Los plazos de vencimiento de acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.

  2. Los plazos de vencimiento relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes.

  3. Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación

Existe la posibilidad de atender el trámite en el plazo habitual, en cuyo caso se considerará evacuado.

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO

No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde hoy, 18 de marzo, hasta el día 30 de abril de 2020.

El período comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no computará en la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de revisión tramitados por la AEAT, en los plazos de prescripción y en los de caducidad. Así mismo durante ese tiempo, no corre el plazo de prescripción para solicitar una rectificación de

PLAZOS PARA INTERPONER RECURSOS Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTATIVAS

Estos plazos no empezarán a contar, cuando se produzcan a partir del 18 de marzo, hasta el 30 de abril.

PLAZOS CATASTRO

Se amplían los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a 18 de marzo.

Cuando el Catastro comunique actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia a partir del 18 de marzo, el plazo para ser atendidos finalizará el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.

Tampoco computará este período a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

IMPUESTO SOBRE TRANSMITIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Se establece la exención del impuesto para las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan por esta norma, respecto de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados

Inin abogados y economistas.

Asturias-Valladolid

984 116 314

18 de marzo de 2020


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